Fui alumno de Wendell Gordon, militante luchador y eminente teórico de la Ciencia Económica, hace 40 años. Recuerdo verlo llegar a su clase con un conjunto de transparencias gigantes perfectamente sincronizadas, hechas a mano, con divisores de tela para cada sesión, para que entendiésemos gráficamente los efectos que el relajamiento de las diferentes variables económicas, y sus cambios, tendrían sobre las resultantes mercológicas. Incluía los efectos de aranceles, impuestos y otras medidas proteccionistas o coartadoras de la libertad de escogencia mercológica.
Lo recordé como quien cree en espíritus y cifra esperanzas en que el suyo iluminase e inspirase a nuestro Poder Ejecutivo, para que no ejecute ni justifique acciones que desmejoren nuestra capacidad para crear riqueza.
Iniciar un proceso para eliminar el subsidio a los combustibles, podaría la poca competitividad que hemos desarrollado, impediría que los productos ya en el mercado internacional accedan a nuevos mercados externos, y haría poco menos que imposible que los nuevos aprovecharan la apertura del mercado. Eso así, porque de dos componentes del precio, adicionales al costo real de producción, uno fiscal y otro compensatorio, se elimina el compensatorio, sin que aparentemente se tenga conciencia del inmediato efecto, que es incrementar el costo de todos los productos y servicios que se producen, transportan, conservan, mercadean, publicitan y se expenden en el país.
En su función mercológica la empresa puede cargar uno de sus dos tipos de costo, el fijo, a los segmentos de mercado de su escogencia, y tiene en su otro costo, el variable unitario, el precio fob a partir del cual puede entregar rentablemente productos a nuevos segmentos. Así, el impuesto a cualquier material de producción se convierte automáticamente en un incremento en el precio de venta y, consecuentemente una baja en la competitividad. Por eso, prácticamente todos los tipos de impuestos deben ser asuntos ex post beneficio, o cuando menos ex post costo.
El Estado Dominicano tiene la obligación de sentar las bases para que la inversión privada pueda crear riqueza. Sin embargo, tradicionalmente, el Poder Ejecutivo ha estado actuando en aparente contradicción, como lo hace cuando trata de eliminar algunas instituciones sociales, como el colmado o pulpería, cuyas funciones no son sustituibles ni por INESPRE ni por ninguna otra institución estatal ni privada.
No es posible liberalizar componente alguno del proceso de producción en el mercado mientras se mantienen impuestos que colocan en desventaja competitiva al productor. Es política y administrativamente contradictorio con la política de desarrollo y los compromisos de libre comercio tal predicamento. Por eso, la reforma fiscal que se vislumbra debe cambiar la base impositiva, para que la mayor parte de los ingresos fiscales provengan de los resultados de las operaciones mercológicas, y nunca de las que afecten el costo de producción.
Nos hemos embarcado desde hace años en un proceso de liberación económica, con el compromiso de pasar al sector privado las actividades de producción de bienes y servicios por parte del Estado Dominicano, a cargo no solo de las empresas de CORDE, sino de aquellas diseminadas como organizaciones o funciones de diversas Secretarías de Estado. Como por ejemplo, privatizar la producción de semillas, los servicios de mecanización agrícola, las tiendas de insumos y materiales, y otros de la Secretaría de Estado de Agricultura. Esa obligación podría aprovecharse para fortalecer el poder económico, el político y el de negociación, del sector rural, algo que se considera importante para la reducción de la pobreza rural y para la tecnificación de la agricultura, principalmente la minifundista.
La privatización incluye también pasar la mayor parte de la función de cobertura de riesgos de salud y del otorgamiento de pensiones a los trabajadores al sector privado, con el financiamiento de trabajadores y empleadores, quedándose el Estado básicamente con la responsabilidad financiera de la seguridad social de los indigentes. Esa obligación debe entenderse en el sentido de que la atención de la salud cara a cara, de pago por servicio, ha dejado de ser un servicio gratuito. Sin embargo, los protagonistas de la atención, quienes dan el servicio, no parecen estar enterados.
La AMD, no comprende que se acabó la época del pago de servicios médicos por sueldos. Cualquiera persona que trate de encontrar hacia donde se dirige el sistema, debe fácilmente pronosticar que vamos en camino a la eliminación de la propiedad estatal de hospitales, clínicas y empresas aseguradoras. Sin embargo, en vez de negociar con los pagadores del servicio, prefiere la AMD ignorar la constitución y las leyes, promoviendo huelgas de un servicio vital, como si los médicos fuesen simples parásitos que merecen ser mantenidos por la sociedad en perjuicio de los verdaderamente necesitados. Talvez es que preferimos el parasitismo al desarrollo.
Las medidas económicas encaminadas a allanar el camino de los pobres que se han tomado, no son sino decisiones de redistribución de la riqueza, paliativos de breve tiempo, cuando con los mismos recursos podrían lograrse cambios permanentes. Cambios para crear riqueza y no para conseguir votos.
Si el dinero que se gasta en subsidios al transporte, se hubiese usado para mejorar tan solo el tamaño de la unidad rural de producción, que siempre ha operado por debajo del punto de equilibrio por ende aumentando la pobreza, al menos eso estaría mejor. Pero nada.
Para terminar, la eliminación del subsidio debe acompañarse de una reducción equivalente, cuando menos, de los impuestos a los combustibles. De no hacerse así habrá mas pobreza e inflación.
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